La aplicación concreta de la tésis católica sobre el Estado confesional (como consecuencia lógica de la divinidad de Cristo) se puede, en unas circunstancias dadas, hacer imposible, quedando en entonces en sólo una hipótesis; no obstante el católico nunca puede renunciar a la tésis, al contrario, debe empeñarse,con todas sus fuerzas para que se den las circunstancias para que la Ley de Cristo reine no sólo en los corazones sino también en las instituciones y así todos los hombres puedan beneficiarse de la Paz de Cristo que no es otra cosa que la tranquilidad dentro del orden. Pero... ¿qué sucede cuando es el mismo fundamento del orden es el que es negado en aras a la confesionalidad laicista? La respuesta la encontramos, sin esfuerzo, en los noticieros que nos muestran lo que está pasando.
La existencia misma de Dios implica objetivamente su domino natural y pleno sobre todas las realidades tanto visibles como invisibles, personales como sociales. Las criaturas, como tales, rinden gloria al Creador "...el Cielo y la tierra narran la gloria de Dios"; así, la criatura racional debe racionalmente rendir homenaje, según su naturaleza , a Dios... tanto en su vida privada y al interior de su corazón como en su vida social y pública, según las distintas formas concretas como se expresa su naturaleza social con la que fue creado. De hecho, en la antigüedad, se pueden encontrar diversos modos de vivir en sociedad, con mayor o menos desarrollo en todos los niveles. Pero nunca una sociedad sin una idea del un ser superior al cual se le rinda un culto público, asociado o identificado con la autoridad sobre la comunidad. Siempre, por decirlo así, el hombre es "deista" naturalmente... sólo en la decadencia moral del siglo XX aparece expandida en el mapa mundi la mancha de los países que en los que oficialmente se reniega de la fe como fundamento de la moral pública... se vive, al decir del papa Benedicto XVI, "la dictadura del relativismo". En el Estado confesionalmente Laico (a-teo) que dice no confesional, que promueve el indiferentismo, la moral pública queda sin sustento objetivo e inmutable.La ley se convierte en un puro reglamento mutable según el número o el tono consensuado de mayorías relativas, una ética que en cualquier momento cambia.La renuncia pública al reconocimiento de la Ley divina (donde es posible aplicar dicho reconocimiento) constituye la aplicación de un principio laicista que proclama que no existen principios. Por eso asistimos a la puesta en discusión con miras a legalizar, de todo y cualquier principio moral, ya que sin Religión no hay moral y sin Religión verdadera no hay moral verdadera.Ante esta verdadera catástrofe moral es lógico que la Iglesia no se silencie, por lo tanto,en cumplimiento de su misión, debe guiar, orientar, con ocasión o sin ella, enseñar en todo lo que concierne a la moral teniendo en cuenta la salvación de las almas.Especialmente a las autoridades responsables en temas como el control de natalidad, el aborto, la inseminación in vitro, la sexualidad, la decisión de morir de tal o cual manera, las uniones homosexuales, la adopción por parte de parejas idem, todo ello ha de ser trabajado con miras al bien común, tanto espiritual como material, del mismo individuo (ciudadano y feligrés) que tiene un fin eterno. En esto la armonía y colaboración del Estado con la Iglesia se hace indispensable.
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To: Seminario_Conciliar_Bogota_
Date: Tue, 12 May 2015 05:49:15 +0000
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ESTADO LAICO NO CONFESIONAL
El poder de la Iglesia católica en Colombia fue tal, durante gran parte del siglo XX, como para influir decididamente en la escogencia de presidentes o para vetar candidatos, reglar la conducta de los ciudadanos y dar normas acerca de la educación. Pero además proscribía a los liberales, como aliados de Satanás y elegía a los conservadores como los seguidores fieles de la doctrina evangélica. (La Iglesia gozaba de prebendas; recordemos no más, que el Cardenal, se movilizaba en las calles precedido por sendas motos oficiales hacia su apartamento donado por el Estado. El sermón del padre Severo Velásquez en la Porciúncula aceleró la caída del dictador Rojas Pinilla.) El Estado, a su vez, daba el placet para el nombramiento de obispos y la eximía de impuestos.
José María Obando decretó por la ley de junio de 1853 la separación Iglesia-Estado. Con esta ley, la Nueva Granada se constituyó en pionera del separacionismo entre las Repúblicas de América del Sur. El Delegado apostólico en Colombia (incluidos Venezuela, Ecuador y Perú), Mons. Mieczyalaw Ledochowski afirmó que la separación había sido tan beneficiosa para la labor espiritual de la Iglesia que los mismos liberales que la promovieron en pro de la aconfesionalidad del Estado desearon anularla. Cfr. DUQUE ALCAIDE, ELISA. Libertad eclesial y separación Iglesia-Estado en Colombia* Opción del delegado apostólico monseñor Mieczyslaw Ledochowski.
Ello quiere decir que ni la Iglesia debe meterse a legislar en el Congreso o a ordenar a las altas cortes cómo deben redactar sus sentencias, ni el Estado tiene porqué meterse en decir lo que la Iglesia debe o no debe hacer. “Somos amigos, pero no interferimos en nuestras competencias” lo cual, desde luego,, no impide que un laico o un jerarca de una confesión religiosa, sea católico, protestante, musulmán o judío, inclusive un ateo, pueda expresar su opinión y participar en debates para argumentar y defender los principios de sus creencias religiosas o no religiosas.
La misión de la Iglesia -obispo, párroco o laico- es la de iluminar con el Evangelio y en espacios de diálogo fecundo, la actitud vital de sus feligreses. Temas como el control de natalidad, el aborto, la inseminación in vitro, la sexualidad, la decisión de morir de tal o cual manera, las uniones homosexuales, la adopción por parte de parejas idem, todo ello ha de ser trabajado en la Iglesia, es decir en sus comunidades de base, entre quienes se dicen cristianos, en fin, entre los bautizados. Además –y esto es lo más importante- la Iglesia valora y respeta, por encima de la ley, las decisiones que en conciencia tome un hijo de Dios. Pero además se compromete a cumplir las leyes.
Un laico, abogado y a título personal, no una Conferencia Episcopal, sería el indicado para demandar aquello, que a su juicio y según sus principios cristianos, viola la Constitución y atenta contra la vida.
Hace ruido entonces la carta de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) firmada por su secretario el P. Pedro F. Mercado, al ministro de Protección Social, en la que pide que se revoque la reglamentación de la eutanasia y al Congreso para que por la vía de la excepción excluya a los hospitales manejados por comunidades católicas de esa práctica. “Se nos está obligando a actuar en contra de nuestra propia conciencia y voluntad”. http://www.cec.org.
La carta de la CEC al ministro contiene, a juicio nuestro, cuestionables afirmaciones:
· Desconoce que la Constitución de 1991 establece que Colombia es un Estado laico y secular.
· Impone los planteamientos religiosos de una parte de la sociedad, los de la Iglesia Católica, para temas como la reglamentación de la sentencia T-970 de 2014 de la Corte Constitucional.
· Jurídicamente la vida es un derecho y no una obligación. Y el argumento que importa para la regulación colombiana, para el Congreso de la República y para el Ministerio de Salud, es el jurídico (el derecho) y no el moral (la obligación).
· En el último párrafo de la carta, llega a afirmar el inexistente (sic) derecho a “morir dignamente” (¿?)
No son bienvenidas tampoco las declaraciones amedrentadoras del presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, que dijo que si el gobierno insiste en reglamentar la eutanasia, cerrarán todos sus hospitales, incluido el Universitario San Ignacio de Bogotá, y el Pablo Tobón Uribe de Medellín, entre otros en el país.
Lo dicho por el señor obispo de Fontibón sitúa también el asunto en el ámbito de las negociaciones comerciales y políticas y no invitan a la vida y a opciones realmente cristianas de servicio con enfoque integral a la luz del evangelio. La posición debe ser totalmente clara: ni como personas ni como instituciones de personas que siguen o buscan seguir el camino del evangelio, cualquiera sea la orden o disposición legal o constitucional, se puede dejar de actuar en conciencia. Si ello implica recibir sanciones económicas, administrativas, policivas o de cualquier otro orden no se va a modificar el comportamiento. Ya es de resorte de quienes tomen las decisiones de sancionar y de quienes sean los ejecutores de lo pertinente, sin que ello implique el que quien no está de acuerdo viole el dictamen de la propia conciencia. Es decir, el cierre de hospitales o clínicas, por ejemplo, no debe ser nunca decisión de quien está dispuesto a prestar el servicio. Otra cosa es que la autoridad pase por encima de las conciencias y le impida hacerlo.
Mire usted gráficamente cómo Osuna interpreta la intervención de un jerarca que olvidó aquello de la separación Iglesia-Estado y sintió que LO ESTÁN OBLIGANDO (¿?) A HACER EUTANASIA.
Entendemos que el tema es complejo y tiene muchas aristas. Invitamos, por tanto, a enriquecerlo con sus aportes.
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